En SmartBytes revisamos los datos técnicos y su impacto para usuarios y empresas.
Durante gran parte del siglo XX, Costa Rica experimentó una alarmante reducción de su cobertura forestal, pasando del 75% en 1940 a apenas un 21% en 1987. Esta pérdida masiva se debió principalmente a la expansión de la ganadería y la agricultura, impulsadas por mercados internacionales de carne bovina, banano, café y cacao. La deforestación no solo amenazaba la biodiversidad del país, sino que también contribuía a la degradación ambiental global, un factor crítico en el contexto del cambio climático actual.
Frente a esta crisis, Costa Rica implementó una estrategia innovadora a partir de 1996 con la Ley Forestal N.º 7575 y el programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA). Este programa introdujo un cambio paradigmático al incentivar económicamente la conservación y reforestación, pagando a los propietarios de tierras para preservar los bosques. Financiado principalmente por un ecoimpuesto a los combustibles fósiles, el PSA ha destinado más de 524 millones de dólares y salvado más de un millón de hectáreas forestales en dos décadas.
El funcionamiento del PSA es sencillo y efectivo: las parcelas se inscriben en FONAFIFO, organismo responsable de su evaluación y certificación, y los propietarios reciben contratos que varían entre tres y quince años según el tipo de conservación o reforestación y la ubicación estratégica de la tierra. Esta iniciativa ha movilizado aproximadamente 750 millones de dólares y beneficiado a cerca de 21,000 propietarios, logrando que actualmente más del 50% del territorio nacional esté cubierto por bosques.
Para empresas y usuarios, el caso de Costa Rica representa un ejemplo relevante de cómo políticas públicas basadas en incentivos económicos pueden revertir daños ambientales profundos. Además, subraya la importancia de mecanismos financieros innovadores, como los ecoimpuestos, para sostener proyectos de conservación a largo plazo. En un mundo que busca soluciones para mitigar el cambio climático, este modelo ofrece un marco replicable para otros países y sectores interesados en equilibrar desarrollo económico y sostenibilidad ambiental.
