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El Gobierno español ha solicitado la devolución de 31,24 millones de euros a la empresa TyC Narcea, que pretende reactivar la explotación de carbón en Veiga de Rengos, Asturias. Esta reclamación surge porque la compañía anterior, Carbonar, recibió en su momento ayudas públicas para cerrar de forma definitiva la mina, en línea con la normativa europea que apoyaba el fin irreversible de estas explotaciones.
El Instituto para la Transición Justa, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha establecido que cualquier intento de reabrir minas cerradas con fondos públicos debe ir acompañado de la devolución de dichas ayudas más intereses. Esta regulación está recogida en el artículo 29 de la Ley 7/2021 y busca evitar que se financien cierres que luego sean revertidos sin repercutir en los costes públicos.
La empresa TyC Narcea alega que es una entidad distinta de Carbonar, con diferente estructura accionarial y proyecto, y cuestiona la posible aplicación retroactiva de la ley para exigir la devolución. Sin embargo, el Gobierno sostiene que existe una superposición material entre las explotaciones, lo que justifica la reclamación económica. Actualmente, el proceso está en trámite de alegaciones y condiciona la concesión de permisos autonómicos.
Este caso tiene implicaciones relevantes para el sector minero y para la gestión pública de ayudas a la transición ecológica. Establece un precedente sobre la irrevocabilidad de cierres financiados con fondos europeos y pone en evidencia los retos legales y económicos que enfrentan nuevas iniciativas que buscan explotar recursos en áreas previamente subvencionadas para su clausura.
